RESUMEN EJECUTIVO

La independencia de Consejo General del Poder Judicial en España: una perspectiva comparada con los países del entorno y propuestas de mejora

Uno de los pilares fundamentales sobre los que están constituidas las democracias

liberales es la separación de los tres poderes, establecida por Montesquieu en 1748:

legislativo, ejecutivo y judicial. Existe un amplio consenso sobre la idea de que para que

los ciudadanos se sientan protegidos por la Justicia, esta debe estar libre de interferencias.

Así, la independencia judicial es un elemento esencial para garantizar el Estado de

Derecho, tal y como lo recogen la Comisión de Venecia (CV) (Comisión de Venecia,

2011a, 2016), el organismo del Consejo de Europa (CoE) especializado en este ámbito, y

la Unión Europea (UE) (Comisión Europea, 2014). En los últimos años, el debate sobre

la importancia de la independencia judicial se ha avivado en la UE a consecuencia de las

reformas llevadas a cabo por los gobiernos de algunos Estados miembros, concretamente

en Polonia y Hungría. La captura del poder judicial en estos países ha hecho sonar las

alarmas en Bruselas, y ha situado a la protección del Estado de Derecho en lo más alto de

la agenda política (Comisión Europea, 2019; Von der Leyen, 2019).

En este contexto, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por

parte del ejecutivo español ha suscitado una enorme polémica. Siendo una autoridad

administrativa y no estrictamente judicial, el órgano de gobierno de los jueces es una

institución fundamental para garantizar la independencia de este poder y, por ende, el

Estado de Derecho, tal y como ha indicado la Unión Europea (Comisión Europea, 2017).

Es por ello qué desde las más altas instancias europeas se recomienda que al menos la

mitad de sus miembros sean elegidos, y no solo nominados, por sus homólogos; esto es,

por otros jueces. No obstante, en nuestro país el nombramiento de los miembros del

Consejo Judicial está ligado en su totalidad al Parlamento.