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Susana Galera: “La liberalización no ha reducido los precios de la energía y el marco regulatorio es cuestionable”

05 julio 2022

La Fundación Alternativas y la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) organizaron este martes la presentación del documento ‘Energía más allá del mercado: hacia un nuevo modelo energético’, de Susana Galera Rodrigo, profesora en la URJC, y Mercedes Ortiz García, profesora en la Universidad de Alicante. La transición energética, como objetivo político transformador del escenario socioeconómico europeo, ya fue planteada en 2011 por la Comisión Europea en base a dos ambiciosos retos: el abandono progresivo de las energías de origen fósil y su sustitución por fuentes de energía renovable; y el desarrollo de un modelo energético alternativo, descentralizado y limpio. En este sentido, se acordó movilizar una importante inversión (pública y privada) para la modernización del sector, lo que adicionalmente determinaría la generación de empleos de calidad, de las nuevas profesiones y de las pymes, abundando en la digitalización de nuevas actividades y servicios económicos. 

Más de diez años después, la transición energética se ha actualizado en sucesivas estrategias europeas, aunque se está desarrollando con notable asimetría: las medidas que apuntan a la descarbonización y el despliegue de renovables se están implantando a muy buen ritmo, pero ello contrasta con la lentitud y poca visibilidad de las que persiguen implantar un nuevo modelo energético. El avance hacia un modelo energético con el ciudadano en el centro, limpio y de proximidad, cobra en este contexto la máxima significación y urgencia. El debate, que analizaba todas estas cuestiones, contó con la moderación de José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Susana Galera Rodrigo, profesora en la URJC y coautora del documento, destacó que la crisis energética es “muy seria” y que parece que todo “depende del mercado”, pero existen otras dimensiones de la energía que van más allá y donde también “aparecen soluciones” para la grave situación que atraviesa España. Ya en el 2021, todavía sin guerra en Ucrania, el precio del mercado mayorista de la electricidad “subió un 200% y el del gas un 400%”, mientras que en lo que va de año el mercado ha “empeorado” por el conflicto bélico. Por eso es interesante ir “más allá del mercado” para ver si hay otras “perspectivas y soluciones”, frente a la liberalización del sector, que en los años noventa supuso un “punto de inflexión muy importante”. Galera recordó que, al ser la energía un “servicio económico de interés general”, las reglas del mercado “ya venían en origen matizadas con una intensa regulación y estrecha vigilancia de las actividades del sector”.

Además, Galera mostró su sorpresa por la “evocación mística a las reglas del mercado permanente y a la libre competencia que se escucha cada vez que se producen cambios de regulación”, que son inevitables en un proceso de transición, sobre todo teniendo en cuenta que la transición va a “durar una generación”. Por lo tanto, el interés general que en los noventa determinó “obligaciones de servicio público es cambiante”. El acceso a la energía es un “servicio esencial” y, afortunadamente, la reforma de julio de 2021 del Objetivo 55 reactiva el “pilar europeo de derechos sociales que establece los objetivos de mejorar la igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo y la inclusión”. Según Galera, “la liberalización de los servicios no ha reducido los precios de la energía y el actual marco regulatorio es cuestionable”.

Por su parte, Mercedes Ortiz García, profesora en la Universidad de Alicante y coautora del documento, recordó que “estamos en un proceso de transición para llegar al 100% de renovables y cero emisiones en 2050, pero es muy importante recordar que el modelo actual es descentralizado y se tiene que complementar con participación ciudadana y centrales fotovoltaicas medianas y grandes, bien planificadas y consensuadas para evitar especulaciones por la falta de regulación”.

La docente sostuvo que la transición energética ha de ser “justa de cara a las futuras generaciones” y quiso destacar el momento de “gran oportunidad” que, a pesar de los muchos cambios implícitos, se tiene que llevar a cabo de “manera adecuada y cuanto antes, porque ya no queda tiempo”. Según Ortiz, “la energía lo es todo y el cambio de modelo energético nos dará grandes oportunidades ambientales, sociales y económicas; el mayor reto, más allá del normativo y por encima del tecnológico, es el social, el que implica la organización y la participación ciudadana”. “El cambio de modelo energético”, destacó Ortiz, “nos apartará del actual escenario de subidas de precios, fluctuaciones y dependencias energéticas y generará nuevas oportunidades de empleo estable. Los cambios han de ser estructurales, ya que cuando vienen las crisis sólo resolvemos las cuestiones coyunturales”. En este sentido, hizo referencia a la figura del “prosumidor”, “que no es ya el consumidor pasivo que sólo consume y paga la factura, sino que es un cliente activo que practica la autoproducción y una gestión de demanda más eficiente”.

Cristina Moreno, secretaria general de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), aclaró que la Comunidad de Madrid tiene municipios como la capital, con 3,5 millones de habitantes, pero también otros como Madarcos, con 50, “por lo que necesitamos una transición ecológica justa para que todos vayan al mismo ritmo”. De lo contario, la “brecha existente será mayor” y los ayuntamientos pequeños se quedarían “atrás” al no tener “medios y recursos económicos y humanos para transformarse”. Cada municipio tiene unas características distintas, pero ninguno de los pueblos y ciudades de Madrid quiere “desaprovechar” el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha puesto en marcha y que ha traído “muchos millones”. No obstante, existen “dificultades”, a pesar de la “buena voluntad” de los alcaldes, porque la transformación ecológica es un “gran reto de plazos muy reducidos y una Ley de Contratos con plazos muy amplios que, en ocasiones, impiden a los municipios acceder a los fondos” de recuperación.   

DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA 

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, afirmó que “estamos viviendo un proceso de disrupción tecnológica en el que existen tres elementos coetáneos: la reducción de precios de la generación de electricidad con renovables, la reducción de precios del almacenamiento, y la irrupción de las tecnologías de información y comunicación”. La aceptación social al cambio tecnológico es “mucho más rápida” que la propia evolución tecnológica y el futuro pasa por “ahorro, eficiencia y energías renovables”.

El experto puntualizó que “no hemos pasado del monopolio del Estado a la liberalización del mercado, sino al monopolio privado” y que “el Estado sigue siendo una nave que mueve el viento que se genera en algunas direcciones que están en Madrid y fuera de Madrid. Esta crisis energética nos ha enseñado muchas cosas, pero no hemos hecho nada; no sirve de nada que la UE pretenda incrementar los objetivos si no tenemos las herramientas, mientras que las eléctricas le doblan el brazo al Estado”.

En la bienvenida al acto, Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas, recalcó que a comienzos de la segunda década del siglo actual, la Comisión Europea planteó dos ambiciosos retos: el “abandono progresivo” de las energías fósiles y su sustitución por fuentes renovables; y el “desarrollo” de un modelo energético alternativo, descentralizado y limpio, para lo cual se acordó destinar una “gran cuantía de inversiones públicas y privadas” para la modernización del sector, pero la “inflación generada por la guerra de Ucrania” ha provocado un aumento de la “incertidumbre”, y parte de la energía de recursos fósiles “se está recuperando, con consecuencias sobre todo el sector energético”.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), afirmó: “El sector energético es muy activo, con modificaciones legislativas casi mensuales, y el documento analiza de manera independiente y muy profesional la situación de lo que ha ocurrido en España, que ha sido el único país del mundo que ha aplicado cambios normativos retroactivos con las inversiones recientemente hechas. En Anpier tenemos una gran masa social que procede del sector primario: agricultores, ganaderos y cooperativas, y un compromiso medioambiental de reducción de emisiones a la atmósfera”.  

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