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Luis Ayala: ´El ingreso mínimo vital no es una apuesta política o ideológica, sino un mecanismo de protección social´

Los expertos coinciden en la necesidad de aplicar la normativa para favorecer a los más perjudicados ante la crisis del coronavirus, y subrayan que la mayoría de países europeos cuentan con esta medida

28 abril 2020

La Fundación Alternativas organizó un debate on-line titulado ‘Covid-19 y el ingreso mínimo vital: entre la urgencia y la eficacia’, coincidiendo con el reciente anuncio del Gobierno de poner en marcha una medida para proteger a las personas más necesitadas en estos momentos de crisis económica y social por el impacto del coronavirus. Moderado por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual reunió a cuatro expertos en la materia, que coincidieron en la necesidad de aplicar la normativa para favorecer a los más perjudicados.

El director del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía-Careaga Fundazioa (SiiS), Joseba Zalakain, afirmó que se trata de una “herramienta esencial en cualquier modelo de protección social”, y los países de nuestro entorno hace “décadas que tienen prestaciones de este tipo, articuladas de una manera u otra”. En este sentido, Zalakain recordó que, en España, las comunidades autónomas cuentan con un sistema tanto de pensiones no contributivas como de rentas mínimas, pero hace falta un mecanismo que “armonice y garantice” a todos los ciudadanos el acceso a este subsidio cuando no tienen ingresos o cuando estos son muy bajos, “es un tema que se tenía que haber resuelto hace años y que parece que lo vamos a tener que afrontar en el peor momento, cuando las necesidades son mayores y los presupuestos menores”.

Ana Arriba, profesora de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares, planteó la disyuntiva entre establecer una política de urgencia o adoptar medidas estructurales. A su juicio, convendría implantar una prestación “muy flexible, pero con aspiraciones de convertirse en permanente y estructural”. “Una medida emergente podría ser problemática, el ejemplo está en la crisis de 2008 y el programa PRODI, y no es el momento de repetir este tipo de pautas. Creo que lo adecuado sería una norma estructural con un periodo provisional de ajuste”, puntualizó Arriba.

El catedrático de Economía en la UNED, Luis Ayala, aclaró que llamar “sistema” al conjunto de prestaciones actual es “ambicioso”, ya que “tenemos un conglomerado de figuras que se han ido construyendo para determinados colectivos y en distintos momentos del ciclo económico”. Una clave importante en estos momentos, según Ayala, es saber si la renta mínima puede ser la pieza que dé “cohesión” a la estructura, aunque los mayores problemas actuales son “las lagunas que persisten y la gran complejidad administrativa: es necesario poner orden, simplificar y coordinar. Estamos ante la gran oportunidad para armar un sistema homologable al de otros países europeos”. Sobre su financiación, Olga Cantó, profesora de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, destacó la importancia de llevar a cabo un “diseño adecuado” para cubrir a los colectivos necesitados y, sobre todo, saber “cuánta población se va a encontrar en situación de necesidad” en estos momentos de crisis.

Según Arriba, el sistema de protección es “borroso”, y es el momento de “establecer acuerdos” entre la Administración central y las comunidades autónomas para mejorar la “coordinación y la organización subsidiaria de la protección, con una definición clara de las responsabilidades” de cada cual. En este sentido, Zalakain recordó que este proyecto de prestación “no parte de cero”, ya que, a pesar de que se trata de un sistema “débil y fragmentado”, parte de un importante “esfuerzo económico y legislativo” de las autonomías desde la crisis de 2008. Por otro lado, el experto señaló que el Gobierno ha descartado la vía de la “armonización y la cofinanciación”, por lo que se impone la vía de la “prestación no contributiva de la Seguridad Social, pero siempre que sea complementada por las comunidades autónomas”.

Por su parte, Ayala admitió que las autonomías llevan “treinta años” avanzando en sus programas de rentas mínimas, y son el “pilar para construir la nueva normativa”, pero en la Constitución se refleja el “principio de igualdad” entre todos los ciudadanos, y no hay nada en Europa parecido a “lo que tenemos en España: ni siquiera los países de estructura federal tienen tantas diferencias en sus programas territoriales”. Pero el problema no es la desigualdad entre comunidades, sino el hecho de ser “capaces de garantizar un mínimo, con acuerdos, consensos y financiación compartida”.

Sobre la generación de dependencia que el ingreso mínimo vital puede provocar, Cantó apuntó que es más preocupante la “reincidencia” en el desempleo, y recordó que la precariedad laboral es muy “elevada” en España, por lo que los salarios son muy bajos. A su juicio, habría que establecer una prestación que “complemente” los ingresos limitados de muchas personas empleadas con pocas horas de trabajo, “como ocurre en muchos países europeos desde hace décadas”. Según Arriba, la dependencia no genera un “alejamiento” del mercado de trabajo, mientras que Zalakain aclaró que “las personas que entran y salen continuamente del mercado laboral deberían hacerlo del sistema de garantía de ingresos; y el ingreso mínimo vital debería incluir a los trabajadores con bajos salarios”.

TENSIONES

“Los sistemas de protección están presentes en todos los países, no son una extravagancia, y se han llevado a cabo con gobiernos de izquierda y derecha y coalición”, dijo Ayala, que señaló el debate sobre la financiación como el escoyo que puede generar tensiones: “Es importante disponer de estimaciones correctas, y la cifra de 5.000 millones anuales que se maneja no es imposible” de asumir. Cantó aseguró que los estudios más “optimistas” llegan a los 10.000 millones y, a pesar de ser una cifra “respetable”, con un ajuste en las cuentas públicas se podría acometer; “no olvidemos que no reformar el sistema también cuesta dinero en términos de gasto público futuro”. “Es necesario defender la renta mínima como un bien colectivo”, dijo Arriba.

Algunas voces afirman que la prestación mínima puede generar personas gandules y perezosas a la hora de buscar empleo activamente. Sobre este punto, Ayala puntualizó que “existen muchos instrumentos para diseñar eficazmente el sistema, y las cuantías previstas hacen muy difícil la dependencia y la cronificación, aunque en España están muy arraigados los estereotipos de que estas prestaciones pueden producir generaciones de vagos; el problema está en la financiación y en los acuerdos entre las administraciones”.

Sobre la actual crisis del coronavirus, Ayala quiso dejar claro que “nos estamos jugando mucho: tenemos que conocer nuestras prioridades y objetivos sociales, ver qué es realista y tener claro que el ingreso mínimo no es una apuesta política o ideológica, sino un mecanismo de aseguramiento colectivo de la sociedad; cuando los hogares caen en situación de pobreza los procesos de salida no son automáticos: las redes de seguridad son muy importantes. Tenemos que preguntarnos si en un país como el nuestro, con tanta desigualdad comparada, estamos ante la gran oportunidad de revisar nuestro sistema de impuestos y prestaciones”.

“Este tipo de ayudas son las que sostienen el consumo en momentos de recesión: van directamente al producto interior bruto. Si no tuviéramos un sistema de prestaciones e impuestos, en estos momentos de crisis las empresas habrían perdido mucho más de lo que han perdido. La economía es un sistema dinámico: hay que gastar ahora para tener ingresos en el futuro; nos estamos jugando el futuro de nuestros ingresos”, concluyó Cantó.

Durante el debate se plantearon una serie de encuestas. Un 97% de la audiencia se mostró a favor de aplicar el ingreso mínimo vital a los hogares más vulnerables. El 91% opinó que este ingreso debe ser compatible con el empleo y un 64% valoró que debería complementar y no sustituir a otras ayudas. Además, una gran mayoría (81%) coincidió en que la medida debería ser permanente. Por último, una cuestión clave: ¿El ingreso mínimo vital desincentivaría la búsqueda de empleo? Solamente una minoría (26%) estimó que sí.

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