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Expertos abogan por fortalecer la Atención Primaria y renovar los servicios de salud mental

23 noviembre 2022

La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación de su ‘Informe sobre la Desigualdad en España’, con la participación de Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas y co-director del informe; Vicente López, director de la Fundación 1º de Mayo; Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada en la UNED; Rosa Martínez, profesora en la URJC y co-directora del informe; Inmaculada Ordiales, doctora en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y autora del capítulo ‘Digitalización, Desigualdades y Efectos sobre la Pandemia’; José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y autor del capítulo ‘COVID-19 y desigualdades sociales en salud en España’; y Álvaro Ferrer, especialista en Incidencia Política de Save the Children y autor del capítulo ‘Desigualdad educativa y COVID-19’.

El trabajo aclara que los indicadores tradicionales de me­dida de la desigualdad muestran cómo Espa­ña se encuentra “entre los países de Europa con mayor desigualdad de renta y pobreza”. En este sentido, como han puesto de manifiesto diferentes organismos interna­cionales (OCDE, 2015; Comisión Europea, 2017; OCDE, 2021), el crecimiento de las desigualdades “representa un serio riesgo para la estabilidad social y el mantenimiento de los estados de bienestar europeos”. Según las prime­ras proyecciones de la Comisión Europea, España sería “uno de los países en los que más aumentó la desigualdad con motivo de la pandemia”. Los da­tos procedentes de EUROSTAT ponen de manifiesto la ruptura de la tendencia decreciente del índice de Gini sobre la desigualdad de la renta disponible equivalente, que pasa del 32,1 en 2020 al 33,0 en el año 2021. Los indicadores de Gini medios en la Unión Europea a 27 fueron 30 en 2020 y 30,1 en 2021, lo que indica que España sigue mostrando indicadores de desigualdad más altos que la media de países de la Unión Eu­ropea, además de haber sufrido un aumento del Gini sensiblemente mayor.

Según datos de la Fundación La Caixa, utilizando la información anonimizada de más de tres millones de nóminas, se registra un fuerte incremento del índice de Gini de la desigualdad salarial “entre febrero y abril de 2020”. No obstante, incluso en ese periodo inicial de la pandemia, el efecto de la crisis sobre la desigual­dad fue “inferior” al que se produjo en la Gran Recesión de 2008. Con todo, la crisis del Covid-19 afectó a los colectivos más vulnerables, especialmente a “los jóvenes, la población inmigrante y las mujeres”. La crisis dio lugar a un “incremento de la desigualdad” asociado al aumento del “desem­pleo y la pérdida de ingresos salariales” entre los trabajadores de ingresos bajos, además de generar moderados efectos negativos en el “bienestar psicológico” de los ciudadanos.

Las decisiones políticas acordadas en los primeros meses de la pandemia permitieron “aminorar los efectos más negativos” produci­dos en la primavera del año 2020. Las medidas de apoyo al desempleo, la utilización masiva de las Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTES), las ayudas a los autó­nomos y pymes, la aplicación del Ingreso Mínimo Vital o las medidas de protección de la vivienda, dieron como resultado un “efecto sobre la desigualdad de ingresos muy inferior al generado en la crisis anterior”.

Las principales razones que explican la crisis económica española desde el marco del mercado de trabajo son, según los auto­res, la especialización productiva basada en “servicios de bajo valor añadido y limitada productividad”, así como la “temporalidad” en la contratación. Además de la estructura económica, la intensidad de las restricciones adoptadas en el segundo trimes­tre de 2020 y la ausencia de márgenes de ma­niobra en términos presupuestarios, ayudan a “entender el mayor efecto negativo sobre la economía española generado por la pande­mia respecto a lo ocurrido en otras econo­mías europeas”.

El informe sostiene que “los problemas psicosociales tienen una clara incidencia en la desigualdad y afec­tan especialmente a los trabajadores en los puestos menos cualificados, peor pagados y más inseguros, y, de modo diferencial, a las mujeres y a los jóvenes”. Por otro lado, pese a que las situaciones de “estrés en el trabajo” existían con an­terioridad, han crecido “sustancialmente” en los años posteriores a la pandemia, dando lugar a “múltiples problemas de salud”, especialmente en “enfermedades cardiovas­culares y trastornos de salud mental”. En realidad, como se señala en el trabajo, la pan­demia ha “permitido visualizar la existencia de este tipo de problemas, especialmente, en los sectores más vulnerables, como las residen­cias de mayores”.

El documento pone el énfasis en el “combate de las desigualdades sociales” condi­cionantes de la salud, en concreto en el ámbito sanitario, e insiste en la “necesidad de fortalecer la atención primaria”, la reforma del sistema de salud pública, la renovación de los servicios de “atención a la salud mental”, el refuerzo de los “recursos humanos del sistema” y las reformas de la política de “medicamentos y productos sanitarios”.

Sobre las políticas educativas, el informe propone la “reducción de las repeticiones de curso; la extensión de las clases de refuerzo frente a las clases particula­res; cuidar el bienestar socioemo­cional de los alumnos y el desarrollo de sus habilidades no cognitivas; aumentar la inversión en la construcción de comedores y cocinas escolares y facilitar su acceso a los alumnos, para garantizar su me­jor salud nutricional; incorporar críticamente el proceso de digitalización; y aprovechar la caída de la natalidad para garan­tizar de manera eficiente la financiación de los centros educativos a lo largo de los próxi­mos años, facilitando así la implantación de la reforma educativa”.

Otro aspecto destacado del documento es la vivienda, que se ha convertido en uno de los principales problemas que afronta la sociedad española. Aunque se trata de un “problema estructural”, la pandemia lo ha intensificado y, en la ac­tualidad, el proyecto de ley por el derecho a la vivienda se ha convertido en una “pieza clave del debate político”. El trabajo señala que el acceso a la vivienda se ha convertido en “uno de los principales ejes” de desigualdad en España, ahondando la “fractura social” entre los hogares que no tie­nen que hacer frente a “costes significativos vinculados” a sus viviendas y aquellos otros en “situación crónica” de emergencia habita­cional, que han “crecido sustancialmente con la pandemia”. La emergencia habitacional se relaciona con la “inestabilidad residencial” y unas condiciones físicas -salubridad, hacina­miento, especialmente onerosas en períodos de confinamiento- y económicas -costes exce­sivos, pobreza energética- inadecuadas, que han “afectado al bienestar”, la salud -física y mental- de las personas, y limitado su “capaci­dad de cobertura” de otras necesidades básicas, como la “alimentación o la educación”.

POBLACIÓN VULNERABLE

El informe hace asimismo hincapié en las deficiencias del “sistema de cuidados” existentes antes del comienzo de la pandemia, con pocos recursos, listas de espe­ra, muchas personas desatendidas y un peso decisivo de las familias, en general, insufi­cientemente apoyadas por los servicios profe­sionales y las instituciones públicas. Por otro lado, el “cuidado en residencias” mostraba tam­bién “importantes carencias”, con trabajadores en “condiciones laborales precarias y muy li­mitados controles de la atención y cuidados suministrados a los residentes”. La crisis del coronavirus se ha caracterizado por concentrar sus efectos más negativos en la población mayor más vulnerable. Según aclara el trabajo, entre marzo de 2020 y junio de 2022 “fallecieron 86.565 beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, de los que alrededor del 40 % murieron en las residencias.

Los efectos de la pandemia sobre la “inseguridad alimentaria” no parecen haber sido “tan graves” como los que se produjeron durante la Gran Recesión, según puntualiza el informe, quizás como con­secuencia de las “políticas protectoras” aplica­das a raíz de la crisis del Covid-19. Tanto el Ingreso Mínimo Vital como los ERTE o las medidas para garantizar el acceso a la vivienda o los suministros básicos, han permitido “cubrir necesidades básicas”, minimizando problemas de la inseguridad alimentaria. Los perfiles de los colectivos más afectados responden sobre todo a familias pobres con niños, así como a jóvenes, cuyas “preca­rias condiciones laborales” les impiden asegu­rar el consumo de los “alimentos adecuados”. Respecto a los niños, el trabajo señala que “es crucial garantizar el acceso universal a una dieta adecuada en los come­dores escolares”.

Respecto al mundo digital, el informe incide en la brecha existente en el acceso a internet, un “problema grave” en algunos lugares, espe­cialmente en el “mundo rural”. En este sentido, recomienda disponer del “equipamiento adecuado” y de acceso a conexiones de calidad, lo que puede requerir “programas de ayuda específicos”. Una segunda estrategia consistiría en “desa­rrollar y mejorar las habilidades digitales de la población” a través de programas de forma­ción permanente, “combatiendo las resisten­cias al cambio y la desafección, con especial intensidad en el mercado de trabajo”.

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