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El CGPJ necesita un nuevo “diseño institucional” para ser un órgano independiente

13 julio 2021

La Fundación Alternativas organizó la presentación on-line del documento ‘La independencia del Consejo General del Poder Judicial. Perspectiva comparada y propuesta de mejora’, de Gisela Hernández González, investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El documento analiza el diseño institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, comparándolo con los países del entorno UE que cuentan con una institución similar, con el objetivo es establecer la relación que existe entre estos diseños y las percepciones de ciudadanos y jueces en lo que a independencia y rendición de cuentas del poder judicial respecta. A partir de este análisis, el informe también propone una reforma del CGPJ que pueda atajar sus principales debilidades, entre ellas los sucesivos bloqueos a la renovación de sus miembros y la excesiva politización de la elección. Tal reforma podría potencialmente incidir en una mejora de las valoraciones de las opiniones públicas sobre el poder judicial.

Según el documento, la recientemente planteada reforma del CGPJ por parte del ejecutivo español “ha suscitado una enorme polémica”. Siendo una autoridad administrativa y no estrictamente judicial, el órgano de gobierno de los jueces es una institución fundamental para “garantizar la independencia” de este poder y, por ende, del Estado de Derecho, “tal y como ha indicado la Unión Europea”. Es por ello que “desde las más altas instancias europeas” se recomienda que, al menos “la mitad de sus miembros sean elegidos, y no solo nominados, por sus homólogos”. No obstante, en España el nombramiento de los miembros del Consejo Judicial está “ligado en su totalidad” al Parlamento.

El problema de la renovación de los miembros del CGPJ, que debía haber acontecido en 2018 y cuya parálisis se ha agravado a causa del “bloqueo impuesto por el Partido Popular”, así como el contexto europeo de preocupación por el Estado de Derecho, abren una “ventana de oportunidad” para el estudio de esta institución en un país en el que las percepciones de la independencia de la justicia se sitúan “entre las peores de Europa, tanto entre el público y las empresas como entre los propios jueces”. Es el momento de plantearse en qué medida los problemas de los que adolece el CGPJ influyen en estas “percepciones negativas de la independencia judicial en España”. Identificar cuáles son estos problemas, y “qué reformas se podrían plantear” para superar el actual bloqueo sin por ello comprometer aún más la independencia política del órgano de gobierno de los jueces, es “fundamental para mejorar la imagen y legitimidad de la justicia española”.

Según la autora, la cuestión de la independencia es “clave” a la hora de analizar la institución del Consejo Judicial. No solo es la “principal función” de estos órganos el “asegurar la independencia de jueces y tribunales” de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que para ello es imprescindible que el propio Consejo sea a su vez independiente. Esta noción de independencia externa debe estar a la vez complementada por otras dos cuestiones: la independencia interna, es decir, “que los jueces no reciban presiones de otros jueces”; y la rendición de cuentas del poder judicial ante el resto de poderes y la ciudadanía. Se trata un delicado equilibrio, para cuya consecución es imprescindible un “diseño institucional” del Consejo Judicial apropiado.

Hernández recuerda que, en el caso español, el CGPJ presenta un “grave problema en su diseño”, pues el sistema de nombramientos “no se adapta ni a lo que demandan el Consejo de Europa y la Unión, ni al modelo que mejor funciona en el resto de países”. Por ello, es imprescindible devolver a los jueces la “capacidad de elegir” a quiénes de ellos ejercerán el cargo de vocal en el consejo. Esta reforma es el primer paso de una “serie de cambios” que probablemente mejorarían el funcionamiento del CGPJ y, por ende, las “percepciones de los ciudadanos y los jueces sobre la independencia judicial en España”.

PROTECCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

La autora aclaró que “el CGPJ poco tiene que ver con el KRS polaco, pues nuestro consejo judicial está en línea con todos los estándares europeos, excepto en lo que respecta al sistema de nombramientos”. No obstante, la “modificación” del sistema de elección del KRS en 2017, que dejó pasó a manos del Parlamento la elección de los jueces -antes realizada por los propios jueces-, fue una de las muchas reformas de la justicia polaca que empujaron a la Comisión Europea a activar el Art.7.1 contra dicho Estado miembro a finales del mismo año. La cuestión de la “protección del Estado de Derecho” está adquiriendo cada vez más preeminencia en la Unión Europea, a consecuencia de las “transformaciones antidemocráticas” que están teniendo lugar en algunos Estados miembros. Es por ello “esencial” que España aproveche este escenario para “cambiar aquellos aspectos de la justicia” que deberían mejorar, empezando por el sistema de nombramientos del CGPJ, a fin de proteger el Estado de Derecho.

Al mismo tiempo, “el bloqueo a la renovación de 2018 ha abierto una coyuntura idónea para dicha reforma, que los actores políticos parecen no haber sabido o no haber querido aprovechar”. En su lugar, se propuso una reforma que ahondaba aún más el problema de la politización de los nombramientos. Aunque esta no ha sido finalmente aprobada, el problema sigue vigente, e influye de “manera muy negativa” en la legitimidad de la que goza nuestro sistema judicial frente a las opiniones públicas.

En definitiva, “la reforma del sistema de nombramientos para adaptarlo a la práctica comúnmente aceptada y funcional en Europa no solucionaría por sí sola todos los problemas del CGPJ español, pero es condición sine qua non para que el resto de cambios mediante los que lograríamos un poder judicial más independiente y responsable puedan llevarse a cabo; así como para terminar con los bloqueos a la renovación que lastran el normal funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; y Manuel de la Rocha Rubí, secretario del Patronato de la Fundación Alternativas y abogado.

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