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La Fundación Alternativas publica un Documento de Estudios de Progreso: La investigación del delito en la Era Digital

08 Julio 2013

La Fundación Alternativas presenta un informe sobre la urgente necesidad de reforma de la legislación procesal española en el marco de la nueva era digital.

En el estudio, realizado por el Dr. Juan Carlos Ortiz Pradillo profesor de derecho procesal en la Universidad de Castilla-La mancha, se analizan los déficits legales actuales y se advierten los desafíos jurídicos que representa el empleo de las nuevas tecnologías en las legítimas labores de investigación penal, a la vez que se exponen sólidos argumentos para instar una urgente y necesaria actualización completa de la legislación procesal en España con el fin de adecuarse a las necesidades de la era digital y permitir el uso de las técnicas modernas de investigación que la informática ofrece, de conformidad con los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Al igual que la delincuencia ha aumentado exponencialmente, las técnicas policiales no han parado de evolucionar, y en la actualidad se valen del manejo de sofisticados instrumentos electrónicos y programas informáticos para la persecución de crímenes. En el otro lado de la moneda de este desarrollo tecnológico se encuentran los Derechos Fundamentales de las personas, que necesariamente deben ser reinterpretados para ofrecer una protección adecuada en la nueva Era Digital.

El estudio analiza  la jurisprudencia de nuestros tribunales respecto al dilema “Tecnología vs. Derechos Fundamentales” y se ha contrastado con la doctrina de la Corte Suprema norteamericana y del Tribunal Constitucional Federal alemán.

Desafortunadamente, España se encuentra a la cola de Europa en lo que respecta a la adaptación de la legislación aplicable a la investigación penal a la Era digital y a las nuevas necesidades de protección de los Derechos Fundamentales frente al uso masivo de la tecnología. Ha llegado el momento de abordar la necesaria reforma legislativa que permita emplear en nuestro país, con las debidas garantías, los más variados y modernos instrumentos de vigilancia electrónica, sobre todo frente a aquellos delitos en los que la informática y las TIC juegan un papel muy importante.

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