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Luces y sombras en los derechos, políticas sociales y protección respecto a la trata de seres humanos: Aplicación de obligaciones internacionales...

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12-06-2014

Luces y sombras en los derechos, políticas sociales y protección respecto a la trata de seres humanos: Aplicación de obligaciones internacionales y europeas a la agenda española, de María J. García de Diego, analiza las diferentes obligaciones que ha asumido España en materia de trata de seres humanos. 
Dichos compromisos son de obligado cumplimiento por haber ratificado acuerdos internacionales y europeos o por ser directivas europeas. Se examinan las luces y sombras arrojadas en cuanto a la protección real de las personas afectadas por la trata, la confusión existente para algunas autoridades sobre el propio concepto de trata, así como las modificaciones legislativas y la aplicación de las mismas, que garantizan o no, verdaderos derechos para las mujeres tratadas. Dicho estudio se hace desde un enfoque de derechos humanos y de género. La trata está considerada uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial junto con el tráfico de armas y el de drogas. Es un fenómeno global especialmente complejo y está en continuo cambio, lo que influye en la manera de luchar contra esta lacra. Los cambios en la misma afectan a los países de origen y a los perfiles de las personas susceptibles de ser tratadas. Hay transformaciones también en los países y los lugares de destino de la trata, así como en las rutas y los métodos empleados por los tratantes para llevar al lugar de destino a las personas tratadas, entre otras.La trata afecta de manera desproporcionada a mujeres frente a hombres, especialmente en la trata con fines de explotación sexual, que aunque es la más conocida, no es para nada la única. Según los datos facilitados en el informe de UNODC (2012) sobre la trata de personas en el mundo, el 58% se refiere a la sexual.España no es ajena a este problema global, convirtiéndose en un país de destino de trata y un país de tránsito hacia otros puntos de Europa. Esta realidad y los acuerdos internacionales han obligado a España a promover políticas de lucha contra la trata de personas, así como de protección a las víctimas.

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